El Tribunal Constitucional ha avalado íntegramente la legalidad de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) este jueves. Una decisión que el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) y la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE) reciben con pesar, al entender que la norma vulnera los derechos de miles de familias que han elegido la Educación Especial para sus hijos.

Ambas asociaciones aseguran que, como es obvio, acatarán la sentencia. No obstante, advierten que tendrá efectos adversos para los estudiantes con discapacidad que se tengan que integrar a la fuerza en la educación ordinaria, por la limitada capacidad de esta última para dar respuesta a las necesidades de este alumnado y asegurar su bienestar.

Tal y como se expuso en la jornada ‘Bullying y discapacidad en la escuela’, organizada por CEDDD y FEUSO en el Senado, al menos el 80% de estudiantes con discapacidad ha sufrido acoso escolar y el 27,5% es objeto de burlas constantes. Este porcentaje puede superar el 90% en los centros de educación ordinaria, mientras que en los Educación Especial no llega al 3%.

«Siguen sin escuchar a las familias afectadas por la LOMLOE, que demandan lo que consideran mejor para sus hijos y que es la Educación Especial, preparada ad hoc para ellos», explica Mar Ugarte, Adjunta a Presidencia de CEDDD, «vuelven a ignorar a las persones que requieren de estos servicios que llevan funcionando cincuenta años y demostrando que son beneficiosos e incluso mas inclusivos que otros modelos educativos«.

En este sentido, CEDDD y ANCEE añaden en su comunicado conjunto que la Educación Especial, lejos de segregar, trabaja con ratios reducidas, currículos adaptados y profesional especializado para garantizar el mayor grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes con discapacidad y su inserción efectiva y real en la sociedad.

«La Educación Especial muestra el mayor grado de inclusión real de su alumnado. Y, todos estos beneficios, que durante muchos años los venidos comprobando de modo habitual y normalizado, ahora ya estamos trabajando por plasmarlo sistemáticamente mediante investigaciones empíricas, de cara a darlo a conocer desde los datos objetivos e incontrovertibles», defiende Carlos Valiente, presidente de ANCEE.

«Desde la Educación Especial, apoyamos y nos coordinamos con el resto de modalidades; todas intentando siempre personalizar y adecuarnos a la diversidad de nuestro alumnado», añade Valiente.

En febrero, en un manifiesto secundado por una veintena de organizaciones por el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, ya advertían de que la LOMLOE quita la potestad a la familia para elegir la educación del menor con discapacidad y se la da a un profesional, al establecer que será esta figura la que evalúe y valore qué tipo de centro le corresponde al menor.

Defienden que este redactado, recogido en el artículo 74.2 de la ley, vulnera el derecho fundamental reconocido en el artículo 27 de la Constitución española, que garantiza el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, y el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual se reconoce el derecho preferente de los padres para escoger el tipo de educación que desean para sus hijos.

A este respecto, CEDDD y ANCEE lamentan profundamente que el nuevo Tribunal Constitucional «haya puesto más urgencia en dar carpetazo a un recurso que en escuchar a la comunidad de la Educación Especial».