La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como la ‘Ley de dependencia’, busca regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad y la promoción de la autonomía personal de las personas consideradas en situación de dependencia.
La dependencia es definida por esta ley como «el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria«.
Esta ley establece también que existen distintos grados de dependencia y que, en función del grado reconocido, las personas dependientes pueden acceder a distintos grados de protección. La máxima protección la tendrán las personas con grado de dependencia III y la menor las personas con grado de dependencia I.
En la actualidad, según datos de finales de 2021, en nuestro país hay 1,4 millones de personas que tienen reconocido algún grado de dependencia, lo que representa un 3% de la población total.
¿Qué grados de dependencia existen?
En su artículo 26, la Ley 39/2006 establece tres grados de dependencia y una serie de criterios de evaluación:
- Grado I. Dependencia moderada: el reconocimiento de este grado se otorga cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
- Grado II. Dependencia severa: para conceder este grado de dependencia, la persona tiene que necesitar ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
- Grado III. Gran dependencia: se considera que una persona es gran dependiente cuando necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
Para determinar qué grado de dependencia tiene una persona, se aplica el Baremo de Valoración de la Situación de Dependencia (BVD), que evalúa con criterios objetivos su grado de autonomía. Esta evaluación se lleva a cabo en el domicilio para ver cómo se desenvuelve llevando a cabo las tareas de la vida diaria y el grado de apoyo que necesita. En esta evaluación, en función de si la persona es capaz o no de llevar a cabo las tareas, se le otorga una puntuación del 0 al 100.
-De 0 a 24 puntos: se considera que la persona solicitante no tiene ningún grado de dependencia.
-De 25 a 49: se considera que la persona tiene un grado moderado de dependencia y se reconoce el grado I.
-De 50 a 74: se considera que tiene una dependencia severa y grado reconocido es el grado II.
-De 75 a 100. la persona tiene una gran dependencia y le corresponde el grado III.
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Actualización:
La Disposición adicional decimoséptima, añadida a la Ley 39/2006 por el Real Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, crea un nuevo grado adicional dentro del sistema de dependencia: el llamado Grado III+ de dependencia extrema.
Se reconoce como dependencia extrema a personas que ya tienen reconocido el Grado III de gran dependencia y, además, están diagnosticadas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en fase avanzada u otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible que implican dependencia completa para las actividades básicas de la vida diaria y requieren asistencia continua especializada.
Este grado da acceso a una cuantía mínima mensual garantizada (4.930 €) que se puede usar para cuidados en casa o asistencia personal.
Los topes máximos para servicios o asistencia se elevan para cubrir atención intensiva y especializada, especialmente cuando hay necesidades continuas.
La idea es asegurar atención 24/7 para casos complejos, no dejar a nadie colgado esperando servicios que no llegan.
