Romper un círculo no es una imagen literaria: para muchas personas con discapacidad intelectual en España es una trampa real, persistente y estructural. El estudio Rompiendo el círculo de la pobreza, coordinado por la Asociación Liber y liderado por Eva Gracia Vega, técnica de investigación de la entidad, pone cifras concretas a una experiencia cotidiana de exclusión social y económica que pocas veces aparece en los titulares principales. El 37% de las personas con discapacidad intelectual analizadas vivió en 2024 en riesgo de pobreza económica —con ingresos por debajo de 965 euros al mes—, cifras que duplican con creces la tasa del conjunto de la sociedad española, situada en 19,7% ese mismo año; y un 16,3% bajo el umbral de pobreza severa (644 euros al mes).
Este no es un fenómeno temporal: “la pobreza en las personas con discapacidad intelectual es estructural, no etapas pasajeras”, explica Gracia Vega. Para entenderlo, hay que mirar más allá de los números y analizar cómo se entrelazan barreras económicas, sociales y de acceso a derechos básicos como el empleo, la vivienda y los apoyos necesarios para la vida independiente .
El mercado de trabajo es el primer gran escollo. Según el estudio, el 79% de las personas apoyadas por la red de Liber no tuvo actividad laboral en 2024 y solo el 11,9% consiguió un puesto de trabajo, la mayoría en empleos protegidos. De quienes trabajan, el 64% lo hace en centros especiales de empleo donde las horas y salarios suelen ser bajos, y apenas tres de cada diez han logrado dar el salto a un empleo ordinario. La precariedad laboral, junto al miedo a perder prestaciones al trabajar, refuerza un circulo vicioso: sin empleo digno, no hay ingresos; sin ingresos, no hay autonomía real .
Pero la exclusión no se limita al empleo. El estudio también evidencia que las personas con discapacidad intelectual afrontan costes extra vinculados a sus apoyos diarios: desde acompañamiento para gestiones o visitas médicas hasta adaptaciones que convierten actividades ordinarias en gastos extraordinarios. El 89% de las personas encuestadas hace un “sobreesfuerzo económico” para cubrir estos gastos, y en algunas comunidades autónomas parte de ese coste se traduce en copagos sanitarios. “El estudio nos ha mostrado que tres de cada diez euros los gastan en esto”, resume Gracia Vega, y añade que muchas personas llegan a tener que elegir entre comer o pagar un medicamento necesario .
En la vivienda, la situación es similar: la falta de alternativas accesibles y asequibles empuja a muchas personas a vivir con familiares o en entornos residenciales no siempre elegidos, lo que limita la posibilidad de construir una vida independiente fuera de modelos institucionalizados. Esta realidad se suma a la precariedad económica para dificultar otra dimensión del derecho humano: decidir sobre dónde y con quién vivir.
Hablar de pobreza estructural es hablar también de aislamiento social. Gracia Vega identifica lo que llama “pobreza de vínculos”: cuando la falta de recursos impide participar en actividades tan básicas como tomar un café con alguien o formar parte de una red social amplia. Ese aislamiento no es un efecto accesorio, sino una cara palpable del círculo de exclusión .
Frente a este diagnóstico, el estudio no propone soluciones mágicas, pero sí señala urgencias claras: partir de una renta mínima que tenga en cuenta los sobrecostes asociados a la discapacidad, eliminar copagos que penalizan aún más las economías ajustadas, y rediseñar las políticas de empleo para que realmente permitan el acceso a trabajos dignos sin penalizar las prestaciones sociales. Todas estas medidas apuntan, en última instancia, a garantizar derechos y posibilidades reales de elegir, algo que, en palabras de Gracia Vega, “va más allá de la coyuntura económica y se mete de lleno en la vida diaria de las personas” .
El estudio Rompiendo el círculo de la pobreza deja claro que la igualdad prometida en los marcos legales no se traduce automáticamente en experiencias iguales de vida. La pobreza estructural, cuando afecta a personas con discapacidad intelectual, se entrelaza con estigmas, barreras institucionales y un mercado laboral renuente a reconocer capacidades. Romper ese círculo exige, por tanto, políticas integrales, recursos suficientes y una mirada colectiva que reconozca lo que el propio estudio documenta: que vivir con dignidad y decidir sobre la propia vida sigue siendo, para muchas personas con discapacidad intelectual, una lucha diaria más que un derecho garantizado.