Las familias de personas con discapacidad intelectual afrontan un sobreesfuerzo económico que puede alcanzar los 40.000 euros anuales, según Plena Inclusión España. La organización reclama una mayor inversión pública y medidas que permitan conciliar los cuidados con la vida laboral y personal.
Un reportaje de Merche Borja, publicado en Capaces, la sección especializada de 20minutos sobre discapacidad, recoge las principales conclusiones de un estudio elaborado por Plena Inclusión España y la consultora Fresno sobre las políticas de apoyo a las familias con discapacidad en Europa.
Según los datos difundidos por la organización, España destina el 1,39 % de su PIB a políticas de familia, frente al 2,5 % de media de la Unión Europea. En el ámbito de la discapacidad, la inversión alcanza el 1,5 % del PIB, también por debajo del promedio comunitario del 1,92 %.
Esta falta de apoyos tiene consecuencias económicas y personales. Muchas familias deben reducir su jornada laboral o abandonar el empleo para atender a sus familiares, lo que disminuye sus ingresos y aumenta el riesgo de pobreza.
Para abordar esta situación, Plena Inclusión propone 14 medidas prioritarias, inspiradas en experiencias de países como Suecia, Alemania y Reino Unido. Entre ellas figuran ayudas económicas, servicios de apoyo a los cuidadores, permisos remunerados, deducciones fiscales y la creación de una figura profesional que oriente a las familias sobre los recursos disponibles.
Enrique Galván, director de Plena Inclusión España, defiende que proteger a las personas con discapacidad exige también proteger a sus familias. La organización plantea, además, impulsar una ley específica que establezca un marco común de derechos y apoyos en todo el territorio español.
El objetivo es que los cuidados no obliguen a las familias a renunciar a su estabilidad económica, su bienestar o sus propios proyectos de vida.
